Por: Soraya Carvajal B

Que la relación bilateral España-Colombia goza de buena salud, que la inversión española sigue siendo fundamental en un país que actualmente vive un gran proceso de modernización y transformación en infraestructura, telecomunicaciones y tecnología; que quedan desencuentros jurídicos por superar y que las compañías ibéricas asentadas en el país sudamericano deberán asumir el reto de “comunicar más y mejor”, fueron algunas de las conclusiones que dejó el panel “Retos de la imagen de la empresa española en Colombia”, organizado por la Fundación Consejo España Colombia.

En este evento, celebrado en el marco del “Primer programa de Líderes Colombia” y que reunió a los periodistas y líderes de opinión colombianos María Jimena Duzán, Darío Arizmendi y Claudia Gurisatti, se dió a conocer que actualmente cerca de 600 empresas españolas están instaladas en Colombia, mientras que 700 más han hecho contactos con la Fundación, manifestando su interés de invertir en el país latinoamericano en los próximos años.

Así, ante un panorama inversor atractivo, Darío Arizmendi, director del programa 6am de Caracol Radio (Grupo Prisa), resaltó la necesidad de que las empresas extranjeras conozcan la sensibilidad e idiosincrasia del país para hacer su inversión efectiva. En este sentido recordó que Colombia es un país de 50 millones de habitantes, con una extensión que casi triplica a la de España, una infraestructura de carreteras deficiente, por los altos costes y las dificultades geológicas que comportan, y que poco a poco va superando un conflicto armado de cinco décadas.

El periodista agregó que actualmente Colombia cuenta con un 80% de aeropuertos “modernos, bien conectados y con todos los sistemas de seguridad necesarios” y una estructura de puertos competitiva. “El país progresa, en medio del posconflicto con las Farc, en medio de lo que significa tener unas bandas criminales dedicadas a la minería ilegal y al narcotráfico y una negociación compleja con el ELN, un grupo más fundamentalista, con una estructura más terrorista y urbana, similar a ETA”, agregó.

Arizmendi indicó, además, que, a diferencia de décadas anteriores cuando el país era muy cerrado y estaba poco habituado a las migraciones -algo que se evidencia en el bajo número de extranjeros residentes en comparación con otros países del entorno-, en los últimos años Colombia ha empezado a entender el impacto positivo que la inversión extranjera puede tener para su economía, la generación de empleo, el crecimiento y bienestar.

Ante los casos judiciales que han involucrado a empresas españolas como Electrificadora del Caribe, Electricaribe (filial eléctrica de Gas Natural Fenosa), e Interamericana de Aguas y Servicios SA, Inassa, (filial del Canal de Isabel II y propietaria de Triple A, la empresa de acueducto de Barranquilla y del Atlántico colombiano), Arizmendi reivindicó el papel de denuncia que cumplen los medios de comunicación afirmando que “cuando se han cometido errores por parte de algunas pocas empresas españolas en Colombia, que han tenido mucho ruido mediático aquí y allí, se dice, se analiza, no se excusa, no se encubre, se destapa, como tiene que ser, independientemente del origen de la empresa”.

Por su parte, María Jimena Duzán, columnista de la Revista Semana, expresó que “la inversión española en Colombia se siente mucho y ha transformado sectores como la banca, que era un monopolio, y la entrada de nuevos bancos ha mejorado los servicios bancarios”. La periodista destacó también que empresas españolas como Telefónica y BBVA, precursoras de la inversión en Colombia 20 años atrás, “entendieron que el valor del trabajo de los colombianos es importante y por eso acogen y contratan talento colombiano”.

Sin embargo, Duzán aseguró que el caso Electricaribe, empresa que provee energía a los 10 millones de habitantes del Caribe colombiano, una región caracterizada por una cultura de “no pago”, tuvo fuerte efecto político y social en el país porque la ineficiencia en la prestación del servicio dejo muertes.

“Mucha gente murió por problemas de conexiones, por problemas de voltaje, hubo mucha gente electrocutada y eso sí afectó la imagen de España y también afectó al gobierno colombiano (…) ese ha sido uno de los problemas más complicados y difíciles de manejar en cuanto a las reacciones y en los medios”, dijo.

Frente a Inassa, participada mayoritariamente por el Canal de Isabel II y propietaria de la empresa de acueducto Triple A, Duzán señaló que se da la paradoja de que la filial es una compañía exitosa, valorada positivamente por la gente del departamento del Atlántico y que la corrupción que ha afectado a la empresa -y que dejó sonoros titulares en los medios de comunicación-, no se trasladó a la prestación del servicio, evitando que hubiese un impacto social tan marcado.

A su vez, Claudia Gurisatti, directora del Sistema Informativo RCN, valoró positivamente la relación fraternal entre Colombia y España, país que, en su opinión, ha apoyado a Colombia en las buenas, en las malas y en los momentos turbulentos.

Para la periodista la relación bilateral Colombia-España “es muy buena, pero con momentos difíciles”. Sin embargo, considera que actualmente hay una necesidad mutua porque las multinacionales necesitan ampliar mercados y Colombia es un mercado muy interesante; mientras que para el país sudamericano las oportunidades son muy importantes, pues está en un momento histórico en materia de empleo, infraestructuras modernas, entre otros aspectos.

Para esta periodista es claro que la empresa española está cumpliendo un papel fundamental en el crecimiento de la economía colombiana, al ser el segundo inversor en 2017, por detrás de Estados Unidos, generar entre 50 y 60 mil empleos directos y cerca de 150 mil indirectos y aportar al PIB nacional.

Desencuentros

Gurisatti afirmó enfáticamente que tener disputas jurídicas y tribunales de arbitramento (Telefónica y Electricaribe) no le conviene a la economía colombiana ni a las empresas españolas, asegurando que lo ideal sería que los desacuerdos se resolvieran mediante diálogo y acuerdos.

A este respecto María Jimena Duzán expresó que ve necesario establecer nuevas pautas, porque la privatización de la justicia a través de los tribunales de arbitramento es un asunto complicado. En su opinión lo importante sería revisar, mejorar las negociaciones antes de llegar a tribunales de arbitramento. Hay que cuidarse mucho en cómo utilizar estos mecanismos de privatización de la justicia, sobre todo cuando en Colombia estamos en una etapa de expansión tan grande, agregó.

Respecto a Electricaribe Gurisatti manifestó que la compañía llegó a tener 100 horas de cortes de energía al año, afectando la vida cotidiana de la población, pero también a la industria, empresas, etc., generando un gran descontento y llevando a una intervención que no se había vivido nunca en el país.

Para la directora de información del RCN los casos de corrupción referentes a Electricaribe e Inassa se conocieron, además, en momentos de especial sensibilidad para la sociedad colombiana, porque coincidió con momentos en que en el país afloraban una serie de escándalos de corrupción que afectaban a distintas empresas y políticos (Odebrecht y otros) “y se tiene la sensación de que al país no le cabe un caso de corrupción más”.

Sobre el caso Electricaribe Duzán afirmó que, cuando la prestación de servicios públicos se mezcla con ineficiencia es muy complicado y perdemos todos. Este es un caso que no debe repetirse nunca más.

Aunque, los líderes de opinión rechazaron la idea de que la Marca España esté en riesgo en Colombia, Arizmendi señaló que lo que hay que exigirles a las empresas españolas que vayan a Colombia es que sean muy serias, responsables y transparentes, a la vez que resaltó que los beneficios económicos a los que tienen derecho son legítimos.

En contraste y como ejemplo de buenas prácticas, Gurisatti destacó el servicio de distribución del gas natural en Colombia, que tiene muy buena valoración y está calificado con buenos estándares de calidad.

Para esta comunicadora debería tenerse en cuenta que, mientras las empresas extranjeras que invierten en Colombia reclaman estabilidad jurídica, en un país que va camino de modernizarse en infraestructura, telecomunicaciones, tecnología, etc., la demanda de servicios públicos buenos y eficientes es cada vez más importante.

Deficiente comunicación

Los periodistas colombianos invitados al panel coincidieron en señalar la falta de una comunicación efectiva por parte de las empresas españolas instaladas en Colombia, que se ha hecho más evidente en los momentos de crisis y dificultades. “La desinformación genera confusión y ha habido una desinformación absoluta en los casos mencionados, que han generado caos, ruido, falsas noticias con respecto al gobierno y a las propias compañías”, dijo Arizmendi.

Los comunicadores también incidieron en que falta una posición más propositiva de las compañías españolas, independientemente de su tamaño, para dar a conocer lo que hacen, su trabajo, la responsabilidad social, RSC, o sus apuestas por la sostenibilidad, pues mucho de lo que hacen no se conoce en el país.

Como ejemplo señalaron que desconocían la importancia de Indra en América Latina y particularmente en Colombia, país donde la compañía tiene instalada una importante plataforma dirigida a toda la región, porque valora positivamente la calidad de los expertos colombianos en tecnología.

“Hay miedo a contar con claridad lo que está sucediendo, hay miedo a la crítica y hay prevención frente a una mirada nacionalista que reduzca todo a que se trata de una nueva colonización de los europeos. Pero hay que romper con eso y tener mejores canales de comunicación. Una comunicación con menos prevención puede ser más eficiente y nos daría muchas más oportunidades de conocer y exponer otros argumentos de manera más tranquila”, indicó Gurisatti.

Presente y Futuro

Los panelistas coincidieron en la opinión de que hacer empresa en Colombia es difícil por el exceso de normatividad y trámites que entorpecen la actividad emprendedora. Como ejemplo señalaron que en los últimos 27 años en el país ha habido 14 reformas tributarias, generando inquietud entre los inversionistas. Por eso, afirmaron que las autoridades colombianas deben asumir el desafío y hacer una profunda revisión de la normativa, con el ánimo de aliviar los trámites y mejorar los parámetros para la inversión.

Duzán, a su vez, remarcó que España tiene un impresionante know how en los sectores hotelero, turístico, gastronómico e incluso en medios de comunicación, promoviendo la tolerancia y maduración del debate en términos democráticos; mientras que Colombia hoy ofrece muchas oportunidades para todos, con la ventaja de que culturalmente es un país muy parecido a España.

En este sentido, los tres líderes de opinión resaltaron que actualmente Colombia, con una previsión de crecimiento del 2,5% al 3%, una clase media creciente, una disminución notable de los índices de pobreza absoluta en el actual gobierno, con un ambicioso programa de infraestructuras viales 4G que -de completarse- transformará radicalmente al país y con un potencial humano enorme, es un centro de oportunidades para la inversión.

“El pueblo colombiano es abierto, amable, servicial, colaborador, tiene muy buen concepto de los españoles trabajadores e innovadores, que recogen el elemento humano colombiano y trabajan codo a codo con él, se les tiene en muy buen concepto y son bienvenidos (…) Hay dificultades como en todas partes, pero allá pueden hacer empresa”, expresó Arizmendi.

Finalmente, los periodistas desestimaron la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan jugar un papel relevante en las elecciones de Congreso y Presidente que se avecinan en Colombia, pues recordaron que el caso Odebrecht, que significó un terremoto político en el país y en América Latina, llevó a la creación de una nueva normativa que apunta a hacer visible y a limitar la participación económica de los empresarios (siempre a título personal) en las campañas políticas, so pena de efectos penales en caso de ilegalidades.

Sin embargo, advirtieron que el riesgo es que aumente la presencia de dinero negro, dinero en efectivo, en las dichas campañas y puntualizaron que lo que el país necesita hoy es mayor sanción social hacia los políticos investigados e implicados en casos de corrupción, especialmente hacia aquellos cuyos familiares están en listas de elegibles al próximo Congreso.