Por: Soraya Carvajal B.

“El Proceso de Paz es una enorme oportunidad para Colombia, pero se necesitará una década o más para consolidación del mismo, no perdamos esta oportunidad”. En una charla realizada en la sede de la Secretaría General para Iberoamérica, en Madrid, Humberto de la Calle Lombana, Jefe del equipo negociador del gobierno de Colombia en el Proceso de Paz con las Farc, hizo un completo análisis sobre los desafíos y retos que implica la implementación del Acuerdo de Paz firmado el pasado 24 de noviembre y que puso fin a un conflicto armado interno de 52 años.

En el evento, De la Calle reivindicó la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos de paz, algo inédito hasta ahora a nivel mundial, con el propósito de reconocer y atender a las mujeres colombianas que como esposas, madres e hijas han sufrido la mayor victimización en los largos años de confrontación.

“Las consecuencias del conflicto sobre las mujeres han sido extraordinariamente duras y aún hoy están soportando una situación más gravosa que el resto de nuestros conciudadanos, por eso, con la asesoría de mujeres de ambas delegaciones y con presencia internacional reescribimos el texto acordado en términos de atender esa situación específica por razón de género. El resultado es una priorización de las mujeres en la aplicación de determinados programas, que se desprenden de lo acordado en La Habana, atendiendo a esa situación calamitosa”. De la Calle señaló además que desde el gobierno se tiene la certeza de que el papel que jugará la mujer colombiana será decisivo para la reconciliación de toda la población.

El delegado recordó también que durante la campaña para el plebiscito del pasado 2 de octubre donde la opción del No resultó vencedora por escaso margen, los detractores de los acuerdos de Paz “atribuyeron de manera nociva y dañina” un significado erróneo al enfoque de género llegando a afirmar que atentaba contra la familia, “cuando lo que se busca es entender un proceso de victimización tan grave como el vivido por la mujer colombiana e implementar fórmulas que atiendan de manera prioritaria una situación tan desventajosa”.

Justicia transicional y CPI

De la Calle sostuvo que el reto de diseñar la justicia transicional pasaba por aplicar la justicia, salvando al mismo tiempo la paz, garantizando verdad, justicia y garantía de no repetición a las víctimas y que no siguiera la violencia ni la violación de los derechos humanos en medio de un conflicto que, a lo largo de cinco décadas, dejó aproximadamente 8 millones de víctimas y 220 mil personas muertas.

Ante el cuestionamiento de si la Corte Penal Internacional-CPI podría intervenir en medio del Proceso de Paz colombiano, De la Calle enfatizó que “La Corte Penal Internacional es un mecanismo subsidiario, que sólo entra a operar cuando en un país falla la justicia nacional y creemos que esto no va a ocurrir en Colombia porque la solución que le dimos al tema de la justicia en el Acuerdo de La Habana cumple los requisitos y exigencias del Estatuto de Roma porque la amnistía no es para todos los delitos, los delitos nucleares más graves serán sometidos a una justicia que actúa a través de investigación y sentencias. La justicia transicional se mueve a través de juicios donde se juzga la responsabilidad de cada quien”.

Frente a las dudas y señalamientos de una posible impunidad por parte de la justicia transicional, el delegado del gobierno colombiano afirmó que el Estatuto de Roma (ratificado por Colombia en 2002) “no exige en ninguna parte cárcel ordinaria, lo que dice es que no puede haber amnistías incondicionales y por eso tanto las Farc como el gobierno acogimos este diseño y también señala que las sanciones deben mirar y satisfacer el interés de las víctimas, que creemos que lo cumple la arquitectura que se diseñó en La Habana, por eso tenemos la confianza de que no va a ser necesaria la intervención de la CPI”.

De la Calle señaló que hay un listado de delitos que tienen que ser juzgados y que por responsables se entiende a todos aquellos que actuaron como victimarios, es decir, tanto integrantes de las Farc, como agentes del Estado y terceros no combatientes que hayan delinquido y tengan responsabilidad penal.

“Esta es una jurisdicción para todos los responsables, lo cual incluye también a agentes del Estado que desviaron el cumplimiento de sus funciones. Nosotros no aceptamos que hubiese una unión sistemática entre el Estado, los militares y los paramilitares, pero sí aceptamos que algunos militares, manzanas podridas, se fueron por el camino de la violación de la Ley y por tanto tienen que responder (…) Lo mejor para que no se tenga que llegar a la CPI es que la solución de justicia interna sea buena, solvente, que tenga solidez, por lo tanto, no puede haber impunidad para militares que cometieron los delitos más graves, pero la solución para estos militares es equivalente a la solución para las Farc y nos parece que eso garantiza que la intervención de la CPI no sea necesaria”.

“Hay mucho temor, mucho miedo en Colombia después de 50 años de violencia y el miedo es utilizado”

El papel del sector privado

Para el Jefe del equipo negociador del gobierno colombiano la clave para el desarrollo del país pasa por la libertad de empresa y lo que él denomina un “capitalismo consciente”, en el que los empresarios entiendan y asuman su responsabilidad social. “Nosotros no podemos seguir en un país tan inequitativo porque se nos desbarata la estantería”. Por eso, en La Habana realizaron diversos encuentros entre miembros de la guerrilla y empresarios interesados en apoyar el proceso de reincorporación de los insurgentes.

“Veo una enorme proliferación de iniciativas privadas para la búsqueda de proyectos productivos de reincorporación para la guerrilla, hay muchas ONGs que están trabajando en ese terreno y creo que ahora el gobierno tendrá que buscar un componente de mayor articulación para que las iniciativas no se pisen entre sí y que todos hagamos lo mismo. Es verdad que hay empresarios que se niegan a participar y tienen derecho a hacerlo, hay rechazo, pero la idea de abrirle espacio a la reconciliación ha venido evolucionando en términos favorables”.

El representante colombiano manifestó también que las asociaciones público-privadas (APP) que han sido ideadas especialmente para el sector de la infraestructura, podrían brindar un importante servicio en la reincorporación de la guerrilla y que, en ese sentido, la Agencia Colombiana para la Reintegración ya cuenta con experiencias exitosas. Además, expresó que en este aspecto también jugarán un papel decisivo los planes de desarrollo con enfoque territorial y las mismas Farc, que planean crear una cooperativa que se llamaría Ecomún donde canalizarán parte de la reincorporación de la guerrilla, “sobre la base de la libertad de cada quien” y desarrollarían procesos productivos.

Pero antes que lo económico, De La Calle considera que lo primero es la recuperación sicológica de los insurgentes, pues son personas que nacen a la vida civil con mucho temor. Así mismo, es necesario el descubrimiento de las habilidades y entrenamiento para el trabajo. “En las reuniones con el director del SENA los guerrilleros rasos han expresado es que quieren ser panaderos, cocineros, mecánicos, etc., cosas muy genuinas y esta institución va a emprender el despliegue en materia de formación (…) Creo que hay mucho por hacer en esta dirección, en combinación también con la cooperación internacional, aunque es un asunto paradójico, los colombianos internamente estamos en una polarización y la comunidad internacional unánimemente apoya el proceso”.

Pero además del aspecto productivo, para De la Calle es claro que abordar la reconciliación implica un componente espiritual y por eso asegura que “los colombianos tenemos que empezar a abrir la mente y empezar a doblar la página de la violencia”.

Zonas que dejan las Farc

 De la Calle aseguró que el Ministerio de Defensa colombiano está desarrollando el Plan Victoria con el propósito de copar las zonas que dejan las Farc y evitar la presencia de bandas criminales en ellas. “Pero no basta ejército y policía, se requiere la presencia integral del Estado. En el país hay zonas dejadas de la mano de Dios donde no hay ninguna presencia estatal”.

Así mismo, el funcionario aseveró que intentando prevenir experiencias de otros países donde los desmovilizados se dedicaron a delinquir, se están centrando esfuerzos en la recuperación y reinserción de la guerrilla, a fin de que encuentren oportunidades.

Para el representante colombiano, el conflicto con las Farc terminó y hoy las víctimas de las Farc son iguales a cero, pero también es verdad que en el país hay otras formas y distintos eslabones en la violencia y que el problema de la inseguridad urbana también está ligado a lo que pasa en el campo. “Superado el conflicto con las Farc y eventualmente ojalá con el ELN me parece que el Estado colombiano estará en mejor posición tanto presupuestal, como en materia de recursos humanos, para robustecer la presencia en las ciudades e impedir esas situaciones de delitos urbanos que generan gran preocupación”, dijo.

Sin embargo, el funcionario reivindica que actualmente la situación de orden público es sustancialmente mejor. “No olvidemos las cifras, hace 15 años ocurrían 90 homicidios por cada 100 mil habitantes en Colombia, lo cual era aterrador, ahora estamos en 24 por cada 100 mil habitantes y aunque sigue siendo una cifra muy alta y no es para cantar victoria, el cambio ha sido muy importante (…) En efecto a mí me parece que suprimir la confrontación con las Farc debe redundar en seguridad ciudadana”.

Hace 15 años ocurrían 90 homicidios por cada 100 mil habitantes en Colombia, ahora estamos en 24 por cada 100 mil habitantes, siendo una cifra muy alta, pero el cambio ha sido muy importante

Lo que sigue

Aunque buena parte de los ingresos de Colombia provienen de las exportaciones de petróleo y de la minería y la caída de los precios internacionales ha tenido un impacto fiscal muy grande en los presupuestos del país, De la Calle aseguró que las previsiones de Planeación Nacional muestran que el país podrá asumir los costes y los retos del posconflicto.

Respecto al nuevo gobierno de Estados Unidos y el acuerdo de Paz en Colombia, el representante puntualizó que no hay una posición definida sobre lo que pasa en Colombia; pero ante el aumento del área cultivada de coca en el país, que hoy alcanzan las 150 mil hectáreas, el gobierno colombiano espera erradicar 100 mil en este año. “Este es un reto ambicioso, pero es posible porque las Farc firmaron que rompían todo vínculo con el narcotráfico y que iban a cooperar con el Estado, por eso regresan los programas de sustitución de cultivos que (esta vez) se podrán desarrollar en paz y ya hay pactos firmados entre comunidades, Farc y Estado para sustituir 38 mil hectáreas plantadas con coca en Putumayo, Nariño y otras zonas, y otras 50 mil serán por erradicación forzosa utilizando fuerzas de policía y civiles contratados, con destino a la sustitución de cultivos. Me parece que si logramos demostrar que eso es viable yo pensaría que la administración de los Estados Unidos no tendría interés en entorpecer el proceso de Paz en Colombia”.

De la Calle reconoce las dificultades que se han presentado especialmente en temas logísticos en los campamentos ubicados en las zonas temporales de normalización. “Ha habido algunas discusiones con las Farc, quejas públicas de ellos y eso lo entendemos, pero si se mira el cumplimiento del cese al fuego, dicho por el mecanismo tripartito de Naciones Unidas y otras organizaciones, el cese al fuego se ha cumplido, los incidentes han sido mínimos, así que los acuerdos son un capital enorme que tenemos que preservar”.

Y es que, aunque en lo jurídico los acuerdos estén garantizados, De la Calle admite que “hay fuerzas políticas que piensan que hay que dar marcha atrás a los acuerdos y yo creo que eso sería una catástrofe”. Por eso, aceptando que en el fondo todo esto obedece a un asunto político, el Jefe del equipo negociador del gobierno colombiano hizo un llamado de atención acerca de los posibles riesgos y la necesidad de mantener una movilización vigilante respecto a un proceso que está en fase de consolidación, “una fase muy delicada, pues las estadísticas muestran que los primeros meses son extraordinariamente críticos y por eso no podemos generar riesgos de que esto se caiga y que perdamos esta oportunidad”.

Finalmente, De la Calle concluyó que en este momento el país necesita “comprensión, serenidad, bajar los ánimos, insisto en que hay mucha agresividad en Colombia, demasiado odio (…) una cosa es tener ideas distintas y otra insultarse todos los días líderes políticos en la radio, realmente son unas discusiones que no corresponden a un ejercicio democrático…es necesario tener sensatez y sentido común”.